El asunto sale a la luz luego que el senado estatal aprobara una ley para proteger los activos de residentes que han sido enjuiciados por acreedores.  El diario The Boston Globe reportó que bajo la enmienda, los acreedores que ganen juicios a sus deudores no podrán quitarle sus automóviles, por ejemplo, a menos que valgan más de 7.500 dólares (antes era $700).  Habrá una exención de hasta 15.000 para las personas mayores y discapacitadas.  También se protegerán hasta 2.500 dólares los fondos de ser embargados (antes era $125).

El citado periódico hizo una serie de reportajes realizados en 2006 sobre personas a las que los acreedores les quitaban los carros y otras propiedades por deudas con sus tarjetas de crédito, lo que provocó que la senadora estatal Patricia D. Jehlen propusiera la ley y la actualizara desde la época de las vacas y ovejas.

Además en la ley de Massachusetts, que debe ser aprobada por la Cámara baja, se prohíbe a los cobradores quitar los ingresos provenientes del Seguro Social o de discapacidad, una práctica que aunque es ilegal ante leyes federales, era común entre los acreedores.  Algunas de las concesiones que sí lograron un grupo de representantes legales de los cobradores es una medida que requería a los acreedores a enviar las comunicaciones en su lenguaje de origen.

¿Cárcel para deudores?

Por otra parte, algunos estados quisieran volver a épocas anteriores a los años 1800 cuando se abolió la prisión por deudas.  Minnesota es uno de ellos.  El medio en internet Walletpop.com revela que –en estos tiempos económicos duros- algunas personas han ido a la cárcel por montos tan ridículos como $85 dólares.  El periódico The Star-Tribune ha empezado a hacer perfiles de personas que alegan haber terminado entre barras por deudas.

Pero este problema ha sucedido cuando una agencia de cobranzas pone un juicio a algún deudor y se le pide que comparezca en la corte.  Si esta persona no acude, los acreedores automáticamente ganan el juicio que hace que el juez, en otra audiencia donde se establece el embargo de algunos bienes o cuentas bancarias. Si el deudor no asiste a este, pueden tomarse medidas como el arresto.  Una vez en la cárcel, los problemas aumentan para la persona pues se impone una multa del monto que se adeuda y luego esta pasa a manos de los acreedores.

Algunos abogados citados en el boletín Crédito y Cobranzas han expresado su furia por esto porque dicen que es “utilizar los recursos del gobierno para cobrar una deuda”.  Ira Reinghhold, presidente de la Asociación Nacional de Protectores del Consumidor (NACA, por sus siglas en inglés), expresa que no solo Minnesota lidera este movimiento, sino sucede en otros estados como Nueva Jersey, Wisconsin, Arkansas y Washington.   Otros defensores del consumidor aconsejan responder las cartas de los acreedores que amenazan con acciones legales y requieran una convocatoria en la corte.